Vivir en un conjunto residencial en Colombia no solo implica el disfrute de zonas comunes y la convivencia con vecinos, sino también una responsabilidad legal con respecto al bienestar de los menores de edad.
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La legislación colombiana ha reforzado las medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en estos espacios, estableciendo sanciones que pueden afectar directamente a los padres o responsables.
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Uno de los pilares de esta protección es el artículo 38 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que sanciona con una multa tipo 4 –equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)– a quienes promuevan, permitan o induzcan a menores a participar en actividades que perjudiquen su desarrollo.
Para el año 2025, esta multa representa un valor de $759.200 pesos colombianos, una cifra considerable que busca disuadir conductas negligentes dentro de conjuntos residenciales.
La norma no es ambigua. Busca evitar la exposición de niños a situaciones que pongan en riesgo su integridad física, emocional o social, especialmente en espacios compartidos como piscinas, zonas de juego, salones comunales y otras áreas recreativas de uso común.
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Estos lugares deben garantizar la seguridad y el bienestar de los menores.
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Además, el artículo 37 de la misma ley refuerza la responsabilidad institucional: permite a los alcaldes distritales o municipales regular y restringir la participación de menores en actividades que impliquen riesgos, incluyendo fiestas, espectáculos y otros eventos que, por su naturaleza, puedan representar un peligro para su integridad.
Así lo ha confirmado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), indicando que la autorización de estos eventos debe darse mediante acto administrativo debidamente motivado.
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Multas para padres que permitan que sus hijos realicen estas actividades
También está prohibido permitir el acceso de menores a lugares donde se desarrollen actividades como:
- Exhibiciones cinematográficas restringidas a mayores de 18 años.
- Uso de videojuegos inapropiados para su edad, de acuerdo con la Ley 1554 de 2012.
- Actos sexuales, pornografía, prostitución o explotación sexual.
- Consumo de alcohol, tabaco o sustancias similares.
Estas disposiciones reflejan un enfoque preventivo por parte del Estado, que busca salvaguardar los derechos de los niños incluso en espacios donde tradicionalmente se espera seguridad y familiaridad, como lo son los conjuntos residenciales.
En este contexto, la Ley 675 de 2001, que rige la propiedad horizontal, sienta las bases para los reglamentos internos de convivencia.
Sin embargo, es la Ley 1801 de 2016 la que establece las consecuencias legales ante la inobservancia de comportamientos que afectan el entorno y la seguridad infantil.
Con este marco normativo, las autoridades y los administradores de conjuntos residenciales están facultados para tomar medidas cuando se detecten infracciones, pero los principales llamados a cumplir la ley son los padres y acudientes.
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Su rol es esencial para garantizar una sana convivencia y la protección de los menores, evitando sanciones que, además de económicas, pueden tener consecuencias sociales y legales más amplias.
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